La Ley Celaá va a regular la educación, llevando a cabo los siguientes puntos:

Elimina la demanda social para ofertar plazas.

Elimina la libertad de elección de los padres.

La administración distribuye a los alumnos en centros públicos y privados en función de la proximidad del domicilio.

En ningún caso las características propias de un centro o de su oferta educativa modificarán los criterios de admisión.

La oferta educativa en las distintas zonas ha de garantizar la existencia de plazas públicas únicamente, aunque haya saturación de plazas de iniciativa social. Es el derecho a la educación pública frente al derecho constitucional a la educación.

Posibilita quitar conciertos a los colegias antes de conocer su demanda.

Se elimina la materia alternativa de Religión y su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media para becas o acceso a la Universidad.

Posibilita quitar conciertos a los colegios de educación diferenciada.

Vacía de recursos y de financiación a los centros de educación especial para dárselos a los centros “ordinarios”. Aquellos mantendrán únicamente alumnos que requieran una atención muy especializada.